# Los retos jurídicos y fiscales del nuevo Gobierno colombiano: Aspersión con glifosato, ajuste presupuestal y reforma a Ecopetrol

Autor: 吉祥法师

## Introducción: Un Gobierno en modo de transformación acelerada

El nuevo Gobierno colombiano, liderado por el presidente De La Espriella, ha marcado un ritmo acelerado de decisiones estratégicas en sus primeros días de mandato. Entre las medidas más sobresalientes se encuentran la reactivación de la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos —una decisión que tumba la resolución vigente desde 2015—, el anuncio de un recorte histórico al gasto público por 21,9 billones de pesos, y una profunda reforma en la petrolera estatal Ecopetrol que busca renovar su junta directiva. Estas tres acciones configuran un panorama de transformaciones profundas que requieren navegar complejos retos jurídicos, fiscales y políticos. Este artículo examina cada uno de estos frentes, sus implicaciones, los actores involucrados y los desafíos que deberá enfrentar el Ejecutivo para concretar su agenda.

## La reactivación de la aspersión aérea con glifosato: un debate jurídico y ambiental

### El fin de una restricción de una década

La decisión del Gobierno de De La Espriella de eliminar la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato representa un giro de 180 grados en la política de lucha contra los cultivos ilícitos. Durante más de una década, Colombia mantuvo suspendida esta práctica, en gran parte debido a las presiones de sectores ambientales y a las advertencias de la Corte Constitucional sobre los posibles riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

La resolución que ahora se tumba había sido establecida como respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2015 clasificó al glifosato como "probablemente cancerígeno para los seres humanos". Sin embargo, el nuevo Gobierno argumenta que la herramienta es necesaria para enfrentar el crecimiento desbordado de los cultivos de coca, que según los últimos reportes oficiales alcanzaron cifras récord en el territorio nacional.

### Los requisitos impuestos por la Corte Constitucional

El camino hacia la reactivación no es sencillo. La Corte Constitucional colombiana ha establecido una serie de requisitos indispensables que el Gobierno debe cumplir antes de reanudar las fumigaciones:

1. **Caracterización epidemiológica**: Se debe realizar un estudio exhaustivo que determine el estado de salud de las poblaciones que podrían verse afectadas por la aspersión en las zonas de intervención.

2. **Estudios de impacto ambiental**: Es obligatorio contar con evaluaciones rigurosas que midan las consecuencias sobre los ecosistemas, los cuerpos de agua y la biodiversidad en las regiones donde se aplicaría el químico.

3. **Protocolos de monitoreo**: Deben establecerse sistemas permanentes de vigilancia que permitan medir, en tiempo real, los efectos de la aspersión sobre la salud de las comunidades y el medio ambiente.

4. **Consulta previa**: En territorios con presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes, es indispensable realizar procesos de consulta previa, libre e informada, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT.

5. **Tecnología de precisión**: La Corte ha sugerido que cualquier eventual aspersión debe realizarse con tecnologías de última generación que minimicen la deriva del químico hacia zonas no objetivo.

### Las implicaciones políticas del retorno al glifosato

Internamente, la medida ha generado un fuerte debate. Por un lado, los defensores de la aspersión señalan que la erradicación manual es insuficiente y demasiado lenta frente al avance de los cultivos ilícitos. Por otro lado, organizaciones ambientales y de derechos humanos han expresado su preocupación por los efectos que la reanudación podría tener sobre las comunidades rurales y los acuerdos de paz firmados con las FARC, que en su momento contemplaron programas de sustitución voluntaria de cultivos.

La reactivación de la aspersión con glifosato también tiene una dimensión internacional. Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en la región, y Washington ha presionado históricamente por la vuelta a métodos de erradicación más agresivos. El anuncio del nuevo Gobierno parece estar alineado con las expectativas de la administración Trump, que ha manifestado su disposición a profundizar la cooperación bilateral en la materia.

## El ajuste fiscal: un recorte histórico de 21,9 billones de pesos

### Las dimensiones del recorte

En materia económica, el Gobierno ha anunciado una medida que promete redefinir el rumbo fiscal del país. Se trata de un recorte presupuestal que asciende a los 21,9 billones de pesos colombianos, una cifra que los analistas consideran histórica en el contexto del gasto público nacional. La decisión se da en un momento de fuertes presiones fiscales, agravadas por la necesidad de financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto que sacudió varias regiones del país.

El ajuste se produce luego de que el Gobierno elevara el presupuesto nacional a una cifra $88 billones mayor que la del año 2026, una expansión que despertó críticas tanto de sectores opositores como de organismos multilaterales, que advirtieron sobre la insostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

### La advertencia del Ministro de Hacienda

Diego Guevara, ministro de Hacienda, ha sido la cara visible de este anuncio. En sus declaraciones públicas, el funcionario ha advertido sobre la gravedad de la situación fiscal del país y la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar una crisis de mayor magnitud. El ministro ha señalado que el recorte se concentrará en los gastos de funcionamiento del Estado, la reducción de la burocracia y la eliminación de programas que no demuestren resultados efectivos.

Paralelamente al recorte, el Ejecutivo prepara una ley de ajuste fiscal que dotaría al Gobierno de mayores herramientas legales para la contención del gasto. Esta iniciativa legislativa enfrenta el reto de obtener mayorías en el Congreso, en un escenario político fragmentado donde la coalición de gobierno, liderada por De La Espriella, deberá negociar con diversos sectores para garantizar su aprobación.

### Las reacciones de los gremios económicos

La noticia del recorte ha generado reacciones mixtas. María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más importantes del país, expresó su preocupación por el elevado déficit fiscal y pidió atención urgente sobre el estado de las cuentas públicas. Gutiérrez señaló que el sector privado está dispuesto a contribuir con el esfuerzo de ajuste, pero advirtió que la confianza de los inversionistas depende de la credibilidad del plan fiscal del Gobierno.

De manera complementaria, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, planteó en un foro reciente la importancia de reformar la tasa de usura para permitir que "un millón de colombianos más" accedan al crédito formal. La propuesta, que ha sido discutida en el Congreso, buscaría reducir las barreras de acceso al sistema financiero y podría impulsar la reactivación económica en un escenario de restricción del gasto público.

### El impacto en el sistema pensional

Otro de los flancos sensibles del ajuste fiscal es el sistema pensional. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que "vamos a tener un sistema pensional diferente y tarde o temprano habrá que modificarlo", en referencia a la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó varios artículos de la reforma pensional aprobada bajo la administración anterior. La decisión del alto tribunal ha generado incertidumbre sobre el futuro de los ahorros de millones de colombianos y ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde sectores de la oposición piden una revisión integral del modelo.

## La reforma de Ecopetrol: renovación de su junta directiva

### La estrategia del Gobierno para la petrolera estatal

La petrolera estatal Ecopetrol, la empresa más grande del país, es otro de los ejes centrales de la estrategia del nuevo Gobierno. En los primeros días de mandato, el Ejecutivo impulsó una reforma orientada a tener vía libre en la renovación de su junta directiva. Para ello, se ha preparado una plancha de candidatos que refleja la visión de la administración en materia energética, con nombres de reconocidos profesionales del sector.

La decisión de renovar la junta directiva responde, según voceros gubernamentales, a la necesidad de alinear la estrategia de Ecopetrol con los objetivos de la nueva administración. Entre las prioridades se encuentran la transición energética, el fortalecimiento de la exploración y la producción de hidrocarburos, y la optimización financiera de la compañía en un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales del petróleo.

### Resultados que acompañan la gestión

La llegada de esta administración coincide con resultados financieros históricamente positivos para la empresa. Con un Ebitda récord reportado en el primer año de gestión, la petrolera y sus filiales representan un motor fundamental de la economía colombiana, aportando cerca del 30% del total de las exportaciones del país.

### Los desafíos de la gobernanza corporativa

Sin embargo, la renovación de la junta directiva no está exenta de críticas. Sectores de la oposición han advertido sobre la posible politización de la empresa, recordando episodios de ingerencias estatales en administraciones pasadas. La petrolera estatal deberá equilibrar la implementación de la agenda del Gobierno con el mantenimiento de prácticas de gobernanza corporativa que aseguren la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.

En el plano investigativo, la Unidad Investigativa de El Tiempo ha revelado que uno de los históricos vicepresidentes de Ecopetrol saldrá de su cargo, y ya comienzan a sonar los primeros nombres para las filiales. El proceso de selección, que se espera sea transparente y técnico, será observado de cerca por los mercados financieros.

## Conclusiones: una agenda ambiciosa y compleja

El nuevo Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una agenda cargada de retos que definirá el rumbo del país en los próximos años. Las tres principales acciones —la reactivación de la aspersión aérea, el recorte fiscal y la reforma de Ecopetrol— representan frentes de batalla distintos pero interconectados.

En primer lugar, la aspersión con glifosato requerirá que el Gobierno navegue los complejos requisitos jurídicos establecidos por la Corte Constitucional, sin perder de vista las implicaciones sociales y ambientales de su implementación. El éxito de esta medida dependerá de la capacidad del Ejecutivo para combinar la firmeza en la lucha contra el narcotráfico con el respeto a los derechos de las comunidades y los estándares internacionales de protección ambiental.

Por otra parte, el ajuste fiscal plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el modelo de desarrollo del país. Los gremios económicos han expresado su respaldo condicional a las medidas, pero exigen señales claras de que el sacrificio no se concentrará en la inversión social, sino en la eficiencia del gasto.

Finalmente, la reforma de Ecopetrol envía un mensaje contundente sobre las intenciones del Gobierno de asumir un rol protagónico en la conducción de la política energética del país. Sin embargo, esto requiere una delicada gestión que no comprometa la autonomía técnica de la empresa y su atractivo ante los mercados internacionales.

En suma, cada una de estas decisiones configura un escenario donde el nuevo Gobierno está apostando por transformaciones profundas. El tiempo dirá si el enfoque logra reconciliar la urgencia de las reformas con la sostenibilidad fiscal, el respeto al marco constitucional y la generación de confianza en los actores económicos. Lo que es innegable es que el país ha entrado en una fase de claras redefiniciones —jurídicas, fiscales, energéticas y políticas— y que los próximos meses serán cruciales para determinar el éxito o fracaso de esta primera ola de transformaciones. La construcción de una visión compartida entre el Ejecutivo, el Congreso, los gremios y la sociedad civil será el verdadero desafío que determinará el rumbo del país.